Groslipe y el Ayuntamiento de Castell.

El gerente de la promotora Groslipe S. L., José Antonio Baena, anunció ayer su intención de encerrarse en el Ayuntamiento de Castell de Ferro el próximo lunes 11 de enero para exigir la legalización de 64 pisos, que no puede entregar a sus compradores, a pesar de que ya están terminados por la falta de la preceptiva licencia municipal.
El promotor asegura que la situación de la promoción se mantiene bloqueada por las discrepancias urbanísticas que mantienen la delegación provincial de Vivienda y el Ayuntamiento de Castell, extremo que niega el alcalde de Castell, el socialista Miguel Díaz.

El primer edil insistió en que la promoción está paralizada por orden judicial ya que, «aunque en su momento se levantó la vía penal sigue el procedimiento contencioso administrativo que tendrá que dilucidar si existe un incumplimiento». Entiende la desesperación del promotor tras más de cuatro años en esta situación pero «la solución no está en mis manos». El promotor advierte que no puede devolver el dinero a los compradores, como le exigen, «porque ese dinero está invertido en los pisos que ya están terminados». La empresa que está «en la ruina» cree que la solución pasa por la adaptación del PGOU a la LOUA, con lo que se regularizaría la situación de sus pisos, que sobrepasan el planeamiento actual.

Pero es que el terreno del castillo, está en venta, con casas semiterminadas, lleno de chapas que suponen un peligro para los viandantes, y el Ayuntamiento tampoco da una solución al tema. Como ven, un poco lamentable, pues deberían haber parado las obras antes de su ejecución.