El truco del censo.

El PP solicitó el 24 de febrero la comparecencia en el Congreso del director general de Cooperación Territorial -un alto cargo del Ministerio que dirige Manuel Chaves- para que explique cómo se ha duplicado formalmente el censo de Gualchos-Castell entre 2007 y 2008, en un solo año. La explicación que dan en el municipio es que el padrón llevaba años sin actualizarse.
Los populares no creen que sea una casualidad ni algo inocente. «Creemos que aquí hay una maniobra del PSOE de cara a las municipales», sostiene el portavoz del PP en Diputación, José Antonio Robles. «Que nos lo explique uno a uno. Nos jugamos mucho, el PP y los ciudadanos. No podemos consentir que el PSOE pueda hacer trampas», añade la diputada en el Congreso Concha de Santa Ana.
A qué se debe esta tensión. De rebote, el incremento de Gualchos puede determinar que el reparto de diputados provinciales por comarcas se altere, de tal manera que beneficie al partido de centro-izquierda.

Crisis en el PSOE de Motril

Dos concejales del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril han puesto sus actas a disposición de la recientemente nombrada gestora de la agrupación local socialista, según ha informado este martes su portavoz José Antonio Aparicio.Este anuncio se produce después de que la pasada semana el edil Francisco Pérez Oliveros presentase su renuncia y días después de que la Comisión Ejecutiva Provincial, junto a la Comisión Ejecutiva Federal y la Comisión Ejecutiva Regional de este partido, solicitaran la suspensión de la actividad orgánica de la Agrupación de Motril para nombrar a una nueva gestora.Los dos nuevos ediles que han puesto sus actas a disposición de la gestora son el portavoz del grupo municipal, Manuel García Albarral, y la viceportavoz primera, Ruth García, quienes anunciaron el pasado fin de semana esta medida por si el partido "quería hacer algún cambio en este grupo", ante lo que la gestora no ha tomado decisión alguna.Asimismo, Aparicio ha señalado que el pasado sábado se reunieron con los componentes del grupo municipal socialista para marcar las líneas de trabajo en los próximos meses y ante la posibilidad de nuevas dimisiones les solicitaron "una reflexión personal y política" sobre la situación que vive la agrupación local.Por otra parte, ha asegurado que la decisión de nombrar una gestora estaba tomada desde noviembre, por lo que la presentación de la moción de censura del ex alcalde de Motril, Luis Rubiales, que no prosperó por ocho votos, "la retrasó".El objetivo que se ha marcado la nueva gestora es devolver la normalidad "en el menor plazo posible", para lo que se enviará una carta a cada uno de los militantes para informarles de la situación, se normalizará la apertura de la casa del Pueblo, se crearán grupos de apoyo y se planificará la integración de la militancia.El plazo para encontrar una solución en Motril es de un año, ha apuntado Aparicio, que ha precisado que tratarán de solucionar uno de los "males endémicos" del PSOE, que consistía en "radiar y televisar" todo lo que ocurre en la sede socialista, convirtiendo la Casa del Pueblo "en un Gran Hermano".

La promotora protesta ya, en Castell.

Los socios de una constructora de Peligros que está realizando una promoción de viviendas en Gualchos-Castell de Ferro han decidido acampar ante las puertas de este Ayuntamiento en protesta por la paralización administrativa de la obra, que está prácticamente terminada. Cuentan además con el apoyo de algunos vecinos que se han acercado al lugar para mostrarles su solidaridad. Según José Antonio Baena, uno de los socios, en un principio decidieron encerrarse en el consistorio de la localidad costera, pero les obligaron a salir, por lo que finalmente optaron por hacer una acampada en la puerta del Ayuntamiento que mantendrán hasta que les den una solución. Los socios de esta empresa no descartan incluso la posibilidad de intensificar las acciones a realizar.El próximo domingo 17 se preveé una concentración en torno a las 12 de la mañana, a la que acudirán constructores de toda Granada.

Los pisos.

La empresa Groslipe SL, que tiene su sede en Peligros, está realizando un edificio en Castell de Ferro con 64 viviendas que está en su totalidad vendido desde el 2007. Se encuentran en frente de el polémico solar del castillo. A falta de la licencia de primera ocupación que tiene que conceder el Ayuntamiento, no pueden escriturarlas a nombre de los compradores.

Según Baena, todo está pendiente de la adaptación que tiene que realizar el Ayuntamiento a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), lo que ha motivado un conflicto entre el consistorio y la Junta de Andalucía.Dicen que ellos cuentan con todos los permisos en regla y que incluso realizaron una modificación puntual solicitada por los técnicos municipales de ampliación de la anchura de la calle donde se encuentra la promoción de viviendas. Mantienen que la situación de la empresa es desesperada debido a las diferencias urbanísticas entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. ¿Por qué se les permitió construir y ahora no se le da licencia?.

Groslipe y el Ayuntamiento de Castell.

El gerente de la promotora Groslipe S. L., José Antonio Baena, anunció ayer su intención de encerrarse en el Ayuntamiento de Castell de Ferro el próximo lunes 11 de enero para exigir la legalización de 64 pisos, que no puede entregar a sus compradores, a pesar de que ya están terminados por la falta de la preceptiva licencia municipal.
El promotor asegura que la situación de la promoción se mantiene bloqueada por las discrepancias urbanísticas que mantienen la delegación provincial de Vivienda y el Ayuntamiento de Castell, extremo que niega el alcalde de Castell, el socialista Miguel Díaz.

El primer edil insistió en que la promoción está paralizada por orden judicial ya que, «aunque en su momento se levantó la vía penal sigue el procedimiento contencioso administrativo que tendrá que dilucidar si existe un incumplimiento». Entiende la desesperación del promotor tras más de cuatro años en esta situación pero «la solución no está en mis manos». El promotor advierte que no puede devolver el dinero a los compradores, como le exigen, «porque ese dinero está invertido en los pisos que ya están terminados». La empresa que está «en la ruina» cree que la solución pasa por la adaptación del PGOU a la LOUA, con lo que se regularizaría la situación de sus pisos, que sobrepasan el planeamiento actual.

Pero es que el terreno del castillo, está en venta, con casas semiterminadas, lleno de chapas que suponen un peligro para los viandantes, y el Ayuntamiento tampoco da una solución al tema. Como ven, un poco lamentable, pues deberían haber parado las obras antes de su ejecución.